Texto de Graciela Machuca Martínez

Oaxaca – México se ha convertido en territorio de la violencia feminicida, de la impunidad, de la corrupción e ineficiencia de las fiscalías y de los poderes judiciales estatales y federal, así como de las injusticias y del dolor, mientras que para las personas servidoras públicas de los diversos niveles de gobierno, solo se trata de cifras y de campañas en contra del actual gobierno federal.

El pasado 22 de noviembre, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que en enero se registraron 76 feminicidios, en febrero 77, 100 en marzo, 81 en abril, en mayo hubo 107, en junio 85, en julio se contabilizaron 69, en agosto sumaron 109, en septiembre 69 y en octubre 69.

Pero como se trata de minimizar la realidad del país, la servidora pública federal argumentó que este delito bajó 14.8 por ciento en octubre respecto al mismo mes del 2020 que fue de 75.

“Es octubre el mes con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”, indicó, pero se olvida que muchas de las carpetas de investigación de asesinatos de mujeres se integran por homicidio calificado, suicidio y que es después de una intensa batalla legal que se logra reclasificar como feminicidio, lo que ocaciona más dolor y gasto a las víctimas.

La misma fuente oficial con información obtenida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce que el delito de tráfico de personas registra un incremento de 173 por ciento al pasar de 561 víctimas en los primeros diez meses de 2020 a mil 535 en el mismo periodo de 2021. Muchos casos de feminicidio han sido de mujeres que primero fueron víctimas de trata de personas.

Lo que pasa en Quintana Roo con los feminicidios, se reproduce en igual o menor proporción en el resto del territorio mexicano, pero en todos los estados se coincide en que la impunidad rebasa el 93 por ciento, de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Ante el fracaso de las instituciones que tienen diversos encargos, como es la prevención, investigación y sanción de las personas responsables de los feminicidios en México, la sociedad civil organizada y familiares de las víctimas han buscado diversas alternativas para visibilizar los casos para que la sociedad los conozca y vea la inacción y corrupción gubernamental, porque tanto las víctimas como victimarios tienen el mismo origen, la sociedad mexicana, pero ésta guarda silencio muchas veces por miedo ante la brutal impunidad y observa el delito desde la lejanía de la indiferencia.

Ante estas circunstancias a nivel nacional, este 29 de noviembre, en la Ciudad de Oaxaca iniciaron las sesiones del llamado Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca, el cual, durante dos días, cinco juezas expertas en derechos humanos de las mujeres analizarán siete casos de feminicidio ocurridos en la entidad.

Las cifras también revelan lo que las autoridades quieren ocultar. Del primero de diciembre de 2016, cuando inició la administración del gobernador priista, hoy morenista, Alejandro Murat Hinojoza, a la fecha, se tienen registrados 575 feminicidios y más de mil 400 mujeres desaparecidas.

Las juezas son mujeres de reconocido prestigio como activistas y expertas en derechos humanos de las mujeres, quienes tienen la responsabilidad de revisar los expedientes de siete casos de feminicidios ocurridos en diferentes regiones de Oaxaca, la Mixteca, Istmo de Tehuantepec y la región conocida como Valles Centrales, en el centro del estado.

Este Tribunal Feminista fue convocado por las organizaciones civiles Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Madres contra el Feminicidio y la Impunidad, teniendo como sede la fuente escultórica de las ocho regiones, en la que se representa la identidad y diversidad del pueblo de Oaxaca.

Será al término de la sesión del este 30 de noviembre cuando las juezas emitirán una resolución, una sentencia en este Tribunal sobre estos casos y la realidad que enfrentan las familias de víctimas de feminicidio en busca de justicia en un contexto de desigualdad y agudización de la violencia machista.

Los testimonios que se expusieron durante la primera sesión son escalofriantes. A las familias se les revictimiza, se les ignora, se les criminaliza y al final de cuentas, la justicia no llega para esas mujeres asesinadas.

Los esfuerzos de las activistas por visibilizar este grave problema que es el dolor y la impunidad no cesan, se quedan pequeños ante la corrupción de las estructuras gubernamentales de los tres niveles de Gobierno.

La abogada y activista Yesica Sánchez Maya, como parte del equipo directivo de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, así como también la abogada Lourdes López Velasco, durante la inauguración de las sesiones, comentaron que el Tribunal Feminista “es una acción ciudadana de justicia alternativa frente a los altos índices de impunidad que se viven en Oaxaca, frente al no acceso a la verdad histórica y ante una sistemática violación a  los derechos humanos de las víctimas de feminicidio por parte del Sistema de Procuración y Administración de Justicia”.

El objetivo de este Tribunal es que las familias de las víctimas, principalmente las madres, puedan denunciar las malas actuaciones de la Fiscalía, agentes del Ministerio Público y policías de investigación, así como jueces, entre otros agentes del Estado, encargados de procurar y administrar justicia.

En el Tribunal participan como juezas: Karla Micheel Salas Ramírez, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social; Ana Yeli Pérez Garrido, fundadora y directora ejecutiva de Justicia Pro Persona; María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional; y Ruth Fierro Pineda, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua.

Entre los casos de feminicidio para los que se exige justicia en Oaxaca están los perpetrados en comunidades de la región Mixteca oaxaqueña, como el de Lizbeth Jiménez Cámara, asesinada el 29 de abril de 2018 en Huajuapan de León, quien era originaria de San Juan Bautista Suchitepec.

Asimismo, se exige justicia para María del Carmen Paula Burgo, víctima de feminicidio el 5 de mayo de 2021, originaria de San Pedro y San Pablo Tequixtepec.

Melisa R.P. fue asesinada por Miguel C.N., a quien hasta el momento la Fiscalía no ha podido localizar. Melisa, madre de tres hijos, a los 29 años fue asesinada a puñaladas por su cónyuge, el 20 de diciembre de 2020 en San Francisco Yosocuta, localidad del municipio de Huajuapan de León.

Melisa es una de las 14 víctimas se feminicidio que se documentó en Oaxaca durante el mes de diciembre de 2020.

La noche del 24 de diciembre, Bertha J. fue asesinada en Unión Hidalgo. El presunto agresor Jesús M. A., también se encuentra prófugo. Después del caso de Bertha, se sumó el de Nayeli, de 19 años, asesinada a balazos, en el municipio de San Antonio de la Cal, en la zona conurbada a la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado.

Todas las historias coinciden en que las mataron por ser mujeres, por vivir en una sociedad machista. Además, la impunidad, la falta de voluntad política para investigar y para capacitar con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género al personal que se encarga de investigar y judicializar los casos.

Por ejemplo, Quedma Ramírez Torres, de 35 años, la asesinaron durante el proceso de exigencia de una pensión alimenticia para su hija.

Durante la primera sesión del Tribunal se escuchó que Quedma fue asesinada el 22 de junio de 2013 por su expareja, enfrente de su hija en el municipio mixteco de Silacayoapan. Su expareja la asesinó luego de que se enteró, por el defensor de oficio, que Quedma lo había demandado para pedirle la pensión alimenticia. Hasta el momento el responsable sigue libre.

También es analizado el caso de Dafne Denise Carreño Bengoechea, quien fue víctima de feminicidio el 9 de abril de 2013.