La Fracción Parlamentaria de Morena criticó la reforma que llevó a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a depender de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), a raíz de la reingeniería administrativa que promovió la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El área de comunicación de la Fracción Parlamentaria de Morena informó lo anterior a través de un boletín de prensa.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes manifestó que en un estado como Chihuahua, con un historial de violencia de género y feminicidio, la lucha de las mujeres en el ámbito jurídico y desde las organizaciones ha logrado grandes avances en lo administrativo para garantizar los derechos de las mujeres en materia de combate a la violencia de género.

Dijo que los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), que constituyen un modelo de atención interdisciplinario para las mujeres víctimas del delito de violencia por razones de género, tienen facultades de prevención, sanción, erradicación y atención a este tipo de delitos.

“Las reformas cuya invalidez se reclama socavan la especialización que proporciona la Fiscalía Especializada y los CEJUM en Chihuahua, lo que implica un retroceso en la obligación general de garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, expuso.

Señaló que la incorporación del concepto Atención a la Familia a la Fiscalía Especializada impide que existan espacios seguros para brindar la atención adecuada a las mujeres, lo que va en contra del deber general de protección, además de que no está plenamente justificada, por lo que debe ser inadmisible por ir en contra del principio de progresividad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Pérez Reyes destacó que estas medidas repercuten en la especialización que se requiere para atender e investigar los delitos que tienen su base en el género y que implica la incorporación de la perspectiva de género y la sensibilidad suficiente de quienes estén a cargo de esta labor.

A juicio de la diputada, ampliar el enfoque de la Fiscalía a la Atención a la Familia diluye su especialidad y desvía los esfuerzos específicos para el combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, lo que representa un retroceso conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, en particular el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Explicó que esta inclusión de violencia familiar en los términos establecidos por el Código Penal implica una disminución en el reconocimiento y la tutela del derecho de las mujeres.