La Fracción Parlamentaria de Morena presentó iniciativa para expedir la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, adecuada a la ley federal y sin excepciones para que no permitan impunidad a funcionarios públicos.

El área de comunicación de la Fracción informó a través de un comunicado que la subcoordinadora de la bancada, diputada Adriana Terrazas Porras, presentó la iniciativa al recordar que en 2018 se aprobó una ley en la materia. Sin embargo, ésta fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de inconstitucionalidad debido a violaciones al procedimiento legislativo desde la conformación de la comisión jurisdiccional, que afectó al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de libertad e igualdad.

“Se dio un mensaje equivocado al imponer con argumentos leguleyos al interior del Poder Legislativo la ley que pronto quedaría sin efectos”, dijo.

En este sentido, recordó que fueron los mismos diputados de Acción Nacional quienes violentaron el procedimiento legislativo, pero actualmente son nuevos tiempos que aportarán a esta iniciativa para fortalecerla.

“No podemos volver a repetir, como los plazos cortos, donde la Comisión Jurisdiccional excedía sus facultades, donde incluso, se tuvo que contratar a un especialista en el tema para darle seguimiento puntual y así atender la declaración de procedencia que se presentó apenas en la legislatura pasada, por carecer de la capacitación pertinente al interior de los órganos del Congreso, así como otras lagunas que deben ser superadas. El estudio de este proyecto debe darse con entera responsabilidad, no podemos tomar decisiones a la ligera”, manifestó. 

De acuerdo al comunicado, por este motivo, en esta ley se descarta cualquier blindaje a funcionarios públicos, al integrar en los sujetos a juicio político a los funcionarios del Poder Judicial local, los secretarios de Despacho, el fiscal general, el consejero presidente de los órganos constitucionales autónomos, los magistrados electorales, quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, entre otros, todos ellos responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Los funcionarios estatales podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a la Constitución, a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos y, en el caso de la Declaración de Procedencia que al efecto dicte este Congreso, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al imputado a disposición del órgano jurisdiccional respectivo.

“El mensaje que queremos dar es claro: Nada, ni nadie está por encima de la ley, y mucho menos por encima de las y los chihuahuenses”, expresó Terrazas Porras.