Los diez diputados y diputadas de Morena, así como la legisladora Deyanira Ozaeta Díaz, del PT, promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la Reingeniería de la Administración Pública del Estado, concretamente las reformas a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Victimas del Delito por Razones de Género (FEM).

Una reforma fue agregar Atención a la Familia al nombre de la FEM y la otra fue supeditar el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) a la Fiscalía Especializada.

El Movimiento Estatal de Mujeres intentó por varias vías evitar ambas reformas, pero no lo logró. Un intento fue el cabildeo en la Comisión Primera de Gobernación del Congreso del Estado, donde discutieron y aprobaron la Reingeniería.

Los argumentos que expuso el Movimiento fueron muy claros y son los mismos que respaldan la Acción de Inconstitucionalidad:

Ampliar el enfoque de la Fiscalía a la Atención a la Familia implica un enorme retroceso, en tanto que diluye su especialidad y desvía los esfuerzos específicos para el combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, lo que se aparta de las obligaciones internacionales del Estado y representa además un desconocimiento de la lucha histórica de las mujeres en Chihuahua para hacer visible las condiciones de discriminación que encuentran su máxima expresión en que sean asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres, advierte el Movimiento.

Sobre la incorporación del Centro de Justicia para las Mujeres, lejos de incorporarlo a la FEM, el propósito es que se convierta en un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado, de conformidad a la política nacional, para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica propia.

Los preceptos constitucionales que se estiman violados y, en su caso, los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte que se estiman vulnerados: Artículos 4 y 1 de la Constitución Mexicana en conexión con lo establecido en el artículo 5 (derecho a la integridad personal) y 24 (derecho a la igualdad) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el literal 1.1 (deber de respeto, protección y garantía) y 2 (deber de adopción de disposiciones internas) del mismo instrumento internacional; así como con los artículos 1, 2, incisos b, c, d, e y f, artículos 3 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer y; artículos 3, 4, 7 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.