Personas desplazadas de Uruachi y Guazapares viajaron a la Ciudad de México para denunciar su situación y solicitar ayuda en el Senado de la República.

Desde el 2014 un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano en el municipio de Uruachi y Monterde, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, han tenido que abandonar sus viviendas y propiedades para salir de urgencia y salvar su vida.

Desde el 2015 han denunciado ante diferentes autoridades la violencia que sufren por parte del crimen organizado que se ha ido apropiando de sus tierras, siembra drogas y realiza tala ilegal.

Algunas de las personas integrantes de las comunidades acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que les otorgaran medidas cautelares ante la situación de gravedad y riesgo de sufrir un daño irreparable.

Después de analizar la situación, la Comisión otorgó las medidas en abril de 2015 a favor de las personas integrantes de la comunidad.

A pesar de esta resolución internacional las medidas no han sido suficientes para garantizar su protección pues incluso tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas, siendo el último de ellos Cruz Soto Caraveo en octubre de 2019.

Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, en mayo 2021 promovieron una demanda de amparo para las familias Girón. Les concedieron la suspensión provisional. Consiste en garantizar vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de indicar que se proteja el interés superior de la niñez y bienes en la comunidad de origen.

Luego, en junio del mismo año promovieron la demanda de amparo para las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras. Se les concedió la suspensión de plano, reconociendo así las graves omisiones a las que se han visto expuestas estas familias.

Las audiencias constitucionales durante las que se resolverá la procedencia de los amparos mencionados se llevarán a cabo los días 7 y 25 de octubre próximos.

Deberán pronunciarse sobre la reparación integral del daño, acceso a la justicia, condiciones de seguridad para el retorno a casa, medidas de restitución del patrimonio en las comunidades y medidas de no repetición.

Estas últimas están ligadas al establecimiento de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno, regulación inexistente en la materia.

Chihuahua es uno de los estados que sobresale en el país por los cientos de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, siendo obligadas a salir de sus comunidades por la violencia causada por la delincuencia organizada.

La respuesta de los jueces hasta ahora es, sin duda, una fuente de esperanza para estas personas y un horizonte jurídico importante en el país.