Elementos de la Guardia Nacional intentaron desalojar por la fuerza de su vivienda a la enfermera Silvia Rico Ramos, en Creel, municipio de Bocoyna, denunciaron Javier Ávila y Gabino Gómez, representantes de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) y El Barzón Chihuahua, respectivamente.

Afirman que la víctima del abuso de autoridad goza de gran reconocimiento y estima en la comunidad.

Señalan que la enfermera, quien estuvo casada por más de treinta años con un médico ya fallecido, fue demandada por su cuñada en un juicio nada claro, argumentando tener derecho a una herencia.

Afirman que, en medio de señalamientos de corrupción, el abogado particular de María de los Ángeles Aguilar Mora, logró la intervención de la Guardia Nacional con la anuencia de la Juez Menor Mixta de Bocoyna.

Recuerdan que Creel, al igual que grandes extensiones de territorio de la Sierra Tarahumara y del país, se encuentra bajo el dominio del crimen organizado ante la indolencia de la Guardia Nacional, por tal motivo la participación de este cuerpo militarizado en un asunto entre particulares concitó una indignación generalizada.

Critican que, para perpetrar el desalojo de la vivienda de la enfermera y su familia, los mencionados elementos de la Guardia Nacional cerraron calles y se impidió la circulación tanto vehicular como peatonal, se amenazó a los pobladores que acudieron en su auxilio, incluso con forcejeos en contra de una mujer y abusos de autoridad de parte de algunos elementos de la Guardia Nacional.

Los denunciantes exigen:  

Al Poder Judicial de Chihuahua que deje de utilizar la Guardia Nacional para brindar protección a particulares.

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Jefe supremo de la Guardia Nacional, que se cumpla con el mandato Constitucional y los esfuerzos se dirijan a combatir el crimen organizado y cese la utilización de la Guardia Nacional al servicio de abogados particulares.