Los procedimientos administrativos en contra de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, así como de funcionarios de su administración, siguen vigentes, sostiene la secretaria de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruiz.

La funcionaria, junto con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades, Sergio Alejandro Ruiz Dávila, explica que dichos procedimientos están siendo repuestos a raíz de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en octubre pasado, lo que en ningún momento supone alguna sentencia.

Los procedimientos en contra de Duarte no se han “caído”, ni se han “derrumbado”, enfatiza Vargas Ruiz.

Explica que la jurisprudencia de la SCJN indica que los procesos deben adecuarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que en el caso de la Operación Justicia para Chihuahua son 37 expedientes.

De la Operación Justicia para Chihuahua se han realizado 75 procedimientos, de los cuales 25 cuentan con resoluciones por diversas sanciones y  algunos están siendo atacados por los equipos de la defensa de los exfuncionarios en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, afirma.

“En otros 37 asuntos son en los que se está realizando la reposición. Es una cuestión a la que se tiene derecho como por parte de la autoridad y lo que implica es que la Suprema Corte está declarando como no procedente la vía, es decir, no se atiende el fondo de los asuntos, ya que no se trata de sentencias”, indicó el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades.

Sergio Alejandro Ruiz Dávila sostiene que en ningún momento se trata de asuntos que se hubieran “caído” o “derrumbado”, ya que en ningún momento la Suprema Corte ha emitido sentencia o resolución relacionada y lo que se hace por parte de la Secretaría de la Función Pública es atender en todo momento el debido proceso, la legalidad y el respeto a los derechos humanos de cada uno de los involucrados en dichos procedimientos administrativo.

“La Función Pública ha basado en todo momento la determinación de sus criterios siempre bajo la premisa de respetar las normas establecidas por las leyes vigentes y de acuerdo con los diversos criterios e interpretaciones que han sostenido las salas y el pleno de la Suprema Corte”, señala.

Los procedimientos administrativos se comenzaron a integrar tomando en cuenta las jurisprudencias vigentes en ese momento, así como una primera tesis aislada que se publicó el 7 de junio 2019, en la que se adoptó que bajo el rubro de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las conductas reprochadas cometidas bajo la vigencia de la abrogada Ley Federal relativa, le son aplicables las reglas de ésta y no las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, detalla el funcionario.

Aclara que posteriormente, en contradición de tesis (103/2020), se dio pauta para que el 26 de octubre resultara aplicable la jurisprudencia J.47/2020.

“Como se podrá apreciar, para los efectos de los criterios que se habrán de adoptar en la aplicación de las leyes, existen múltiples posicionamientos a los cuales deben recurrir la Suprema Corte, los tribunales colegiados, las salas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del estado de Chihuahua, con la finalidad de aplicar el régimen disciplinario que debe corresponder a cada caso en particular”, abunda el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Responsabilidades.

Siguiendo la correcta aplicación de las normas establecidas en los sistemas estatal y federal, se ha ordenado la reposición partiendo de la premisa vinculada a la Jurisprudencia actualmente vigente, que establece que la Ley General de Responsabilidades Administrativas será la aplicable a aquellos casos cuyo inicio de investigación se haya dado de forma posterior al 19 de julio de 2017, detalla.

Eso implica que las personas involucradas continúan bajo el carácter de presuntos responsables y sus procedimientos seguirán las reglas establecidas en la Ley General; es decir, no implica que los procedimientos que se hayan iniciado bajo una norma diversa deban ser considerados como concluidos, resalta.

Hacerlo así además, garantiza en todo momento el debido proceso y otorgar mayor certeza jurídica a los probables responsables, destaca el funcionario.

“No es verdad, de ninguna forma, lo expuesto en algunas notas periodísticas en relación a que se haya comenzado a notificar esta situación a los probables involucrados de forma posterior a las elecciones. Esta actividad se inició desde marzo de este año y se ratifica que el seguimiento, estudio y atención de cada asuntos, no corresponde a tiempos políticos, sino al estricto cumplimiento de las atribuciones conferidas por el marco legal aplicable y al compromiso asumido por esta administración de combate frontal a la corrupción”, expone.

Señala que serán los tribunales quienes otorguen sentencia a cada uno de esos asuntos que tienen plena vigencia y que serán repuestos en tiempo y forma.

Ruiz Dávila informa que de octubre 2016 a junio del 2021, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado 290 procedimientos administrativos de responsabilidades, 52 bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se han emitido 216 resoluciones, 180 inhabilitaciones y 107 sanciones económicas por un monto aproximado a los 623 millones de pesos.

También, se han emitido 9 destituciones del puesto, 16 suspensiones y 46 amonestaciones por escrito.

La secretaría de la Función Pública, Mónica Vargas, rechaza que se trate de fallas en los procedimientos, ya que la jurisprudencia de la Suprema Corte fue posterior a que se iniciaran los procesos, porque no se podía adivinar que la Suprema Corte dos años después, iba un emitir una jurisprudencia contraria a la tesis aplicable hasta ese momento.