Al participar en la mesa de trabajo “Justicia territorial, agraria y ambiental” para la construcción del Plan de Justicia del Pueblo Rarámuri, autoridades indígenas y representantes del Gobierno de México iniciaron el proceso de diálogo para analizar planteamientos y demandas relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente en el contexto de la Sierra Tarahumara.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, señaló que junto con su equipo se atenderán los planteamientos respecto al cuidado de los bosques, recursos forestales y minerales, reforestación, agua, residuos sólidos y aguas residuales, así como los efectos de los mega proyectos, como han solicitado las comunidades.

Explicó que uno de los principales problemas en diferentes regiones del país es la tala ilegal y la deforestación por cambio de uso de suelo, por lo que consideró que, además del sector ambiental, se tienen que involucrar otras instituciones, como las de seguridad pública.

Refirió que algunos proyectos que han sido exitosos para el cuidado del medio ambiente en otras partes del país, se instrumentarán en Chihuahua en coordinación con otras dependencias, para dar respuesta a los planteamientos del pueblo rarámuri, los cuales, dijo, serán atendidos por las diferentes instancias del sector.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó los pilares fundamentales del Plan de Justicia del Pueblo Rarámuri, que son el cuidado de la tierra, el agua y el bosque de las comunidades.

“Estamos iniciando este diálogo horizontal y directo entre las autoridades tradicionales y el Gobierno de México, a fin de que podamos dar una respuesta a sus justos y legítimos planteamientos”, indicó.

Consideró que es muy importante avanzar en la identificación del territorio tradicional del pueblo rarámuri, porque hay tierras de las que han sido despojados por terceras personas, al amparo de la corrupción, la discriminación y el racismo, con la creación de ejidos y supuestas pequeñas propiedades sobre el territorio ancestral.

Añadió que estamos ante una situación de injusticia de mucho tiempo; por eso, a diferencia de muchos pueblos indígenas del país, donde se ha logrado avanzar en procesos de titulación de tierras colectivas, en la región rarámuri se detuvo el tiempo y no hubo los beneficios del artículo 27 de la Constitución.

“Para identificar el territorio ancestral, el pueblo rarámuri tiene los conocimientos de sus tierras, lugares sagrados, ríos y manantiales”, expresó, y convocó a que esto se haga a la brevedad posible dada su importancia.

El director general de Coordinación Agraria y Mediación de la Sedatu, Luis Cruz Nieva, recibió el paquete de planteamientos en el ámbito territorial y dijo que se buscarán soluciones inmediatas para canalizar los asuntos, a través de las instituciones del sector agrario que correspondan.

También acordó, como medidas inmediatas, iniciar la actualización de los padrones de ejidatarios y solicitar una moratoria sobre la titulación de terrenos nacionales, como parte de las demandas más apremiantes de las comunidades rarámuris.

El titular de la oficina de representación del INPI en Chihuahua, Víctor Martínez Juárez, indicó que la mayor parte del pueblo rarámuri se encuentra en 18 municipios de la sierra, desde las cumbres de la parte alta hasta comunidades bajas, principalmente en zonas donde tienen acceso al agua y las tierras de cultivo.

Refirió que, a través de su organización y vida comunitaria, durante diversas temporadas del año, los pueblos se concentran en espacios donde atienden sus actividades políticas, económicas, sociales, rituales y festividades, en las que veneran sus lugares sagrados.

En representación de 60 autoridades tradicionales, las gobernadoras indígenas Virginia Nava López y Hortensia Palma Palma, de Kirare y Guachochi, respectivamente, expresaron en lengua materna que con unidad y mediante el diálogo se darán los primeros pasos para establecer compromisos con el Gobierno de México.

El gobernador indígena de Mogótavo, Luis González Rivas, explicó que desde 2021 empezaron a realizar reuniones informativas en las comunidades, para dar los primeros pasos a fin de construir el Plan de Justicia del Pueblo Rarámuri, y conforme fue avanzando el tiempo, despertó interés y expectativas hasta llegar a esta mesa de trabajo con temas territoriales, agrarios y ambientales.

Destacó que entre los planteamientos más importantes del pueblo rarámuri destacan las reivindicaciones territoriales, a causa de los despojos, así como la tala ilegal de sus bosques.

Mencionó que de acuerdo con sus usos y costumbres han informado a sus comunidades los resultados de las reuniones, con el fin de organizarse y luchar para hacer realidad sus demandas.

Las autoridades indígenas expusieron la problemática de su territorio ancestral como consecuencia de las invasiones, saqueo de recursos naturales e incursión de personas ajenas, así como la situación de los conflictos agrarios, expedición de títulos sobre tierras nacionales y la necesidad de regularizar los derechos agrarios en los ejidos.

Entre los principales acuerdos destaca instalar una mesa técnica que estará a cargo de Sedatu para definir planes de trabajo y líneas de acción en el tema de tierras y territorio.

Otra que será coordinada por Semarnat, mientras que el INPI fungirá como facilitador entre las dependencias federales y las autoridades indígenas.

Participaron también en este encuentro la directora de Programas Agrarios y el coordinador de delegaciones de la Sedatu, Martha Macías Calderón y Román Hernández Martínez, respectivamente.

También el director de Logística y Operativos Forestales y el coordinador de la estrategia ambiental contra la Tala Ilegal de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), Alfredo Ledesma Rangel y Juan Francisco Loya Chávez, respectivamente.

Estuvieron también el delegado federal de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el representante de la Semarnat en la entidad, Marcos Delgado Ríos, entre otros servidores públicos.