Miles de familias campesinas al norte de Chihuahua que conforman varios ejidos, han denunciado por más de siete años el robo de agua que sufren por parte de la familia LeBarón, que ha tenido un impacto en sus cosechas e incluso secado los pozos de agua potable de al menos tres comunidades. Ninguna autoridad ha actuado y, en contrario, hoy 20 personas cuentan con órdenes de aprehensión por oponerse a la electrificación de los pozos ilegales que están abatiendo los mantos acuíferos.

Lo anterior lo dieron a conocer en rueda de prensa que realizaron en la Ciudad de México representantes del ejido Constitución.

Chihuahua sufre una grave crisis por las sequías recurrentes acentuadas en los últimos 10 años. Desde el 2012 varios productores agrícolas con concesiones legales para extraer el agua del subsuelo de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen comenzaron a ver disminuidas sus cosechas por el abatimiento de los acuíferos, por lo que iniciaron un movimiento para exigir a las autoridades que cancelaran los más de 400 pozos ilegales aperturados en la Cuenca.

La sobreexplotación ilegal, no sólo afecta a las familias que cuentan con concesiones para sembrar sus parcelas y producir alimentos, sino que está provocando un daño irreversible a los recursos naturales.

El Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, es uno de los principales afectados por la sobreexplotación de la Cuenca. Adicionalmente, desde el 2012 se enfrentan a una empresa minera canadiense que pretendía instalarse en su territorio y realizar explotación a cielo abierto.

La defensa por el agua y los recursos naturales ha cobrado la vida de Ismael Solorio y Manuela Solís, asesinados en octubre de 2012, así como de Alberto Almeida, ultimado en febrero de 2013. Desde entonces el caso es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien otorgó medidas cautelares a favor de 13 personas.

El Ejido Constitución, del municipio de Buenaventura, conformado por más de 894 ejidatarios, se ubica frente al Rancho La Mojina, propiedad de la familia LeBarón, rancho que han utilizado para el cultivo de nogales, aun cuando estas tierras no cuentan con permiso para la siembra, precisamente por la sobreexplotación del acuífero y la falta de disponibilidad de agua en la región.

Sin embargo, la familia LeBarón, sin permiso y de forma ilegal, mantiene abiertos al menos 10 pozos que usan para la siembra de 300 hectáreas de nogal, afectando a más de 800 familias campesinas que sí cuentan con concesiones legales para extraer el recurso hídrico.

La situación se ha denunciado ante todas las instancias posibles, demandando la solución del problema sin que ninguna autoridad haya implementado alguna acción real para impedir el robo del agua y la sobreexplotación del acuífero. En este contexto en 2018 más de 500 integrantes de Constitución, incluidas niñas y niños, ingresaron al Rancho La Mojina para verificar si los pozos se encontraban funcionando. Al ingresar fueron recibidos a balazos por los trabajadores que ahí se encontraban, por lo que comenzó una confrontación que terminó en agresiones físicas y materiales. Dentro del Rancho La Mojina se detectaron 11 pozos funcionando para el riego de las 300 hectáreas de nogal, mediante el uso de motores de combustión interna.

Hace unos días se supo que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván, a través de la Fiscalía del Estado, impulsó la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de al menos 20 personas de Constitución por el ingreso en abril del 2018 al Rancho La Mojina, acusando a integrantes de la comunidad por un millón de dólares en daños. Al mismo tiempo, hay información de que existe la intención de electrificar los pozos ilegales en los próximos días, por lo que es claro que se está utilizando el derecho penal como un mecanismo para favorecer a la familia LeBarón y facilitar la indebida electrificación.

En el mismo sentido, se reactivó la denuncia penal interpuesta por la empresa minera canadiense en contra de integrantes del Ejido Benito Juárez por desalojar a la mina, luego que no acataron la resolución de asamblea que resolvió expulsarlos del territorio ejidal.

En el 2020 el país entero atestiguó la bravura y el tesón de los agricultores chihuahuenses en lo que se conoció por los medios de comunicación como “la guerra por el agua” y que llevó a enfrentamientos con la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, la toma de las instalaciones de la presa La Boquilla, protestas que resultaron en el incendio de varios edificios públicos y vehículos oficiales, y que costaron la vida de Jessica Silva Zamarripa y el encarcelamiento de cuatro productores.

Durante esas acciones de defensa del agua, la entones candidata a gobernadora María Eugenia Campos Galván estuvo acompañando a los productores en la lucha. Como gobernadora fungió como intermediaria para la liberación de los productores que se mantenían detenidos. En contraste y franca contradicción, hoy ejerce acción penal en contra de quienes también defienden el agua.

El movimiento de productores asociados en la defensa de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, así como el Ejido Benito Juárez, refrendan su compromiso en la defensa del agua y los recursos naturales, aún en contra de las autoridades que mantienen los conflictos sociales y provocan su agravamiento.

El ejido Constitución hace un llamado:

Al Gobierno del Estado de Chihuahua para que no utilice el derecho penal para someter a una comunidad en favor de productores ricos que usan el agua de manera ilegal.

Al Gobierno Federal y Estatal para que, de forma urgente, las autoridades encargadas del cuidado del medio ambiente, resuelvan de forma justa e integral el problema planteado desde hace 10 años que está acabando con el agua de Chihuahua.