Personas de diversas partes del estado presentaron ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) una solicitud para impulsar un referéndum respecto al nuevo endeudamiento público que el Gobierno del Estado pretende y que ha denominado reforzamiento financiero.

Tras la aprobación del paquete presupuestal del 2022 por parte de una mayoría en el Congreso del Estado, personas de diversas regiones consideraron que no se consultó al pueblo para la contratación de esta nueva deuda.

Una deuda que, además, no se justifica, dijo Iván Roberto Álvarez Olivas, académico integrante del grupo solicitante.

Agregó que el impacto económico y social que representa la adquisición de más deuda, al comprometer recursos federales de próximas administraciones, es una de las motivaciones que llevaron a este grupo de personas a impulsar este mecanismo de Participación Ciudadana.

“Este referéndum busca que las y los ciudadanos legitimen la aprobación y efectos de los distintos mecanismos de financiamiento y fideicomisos que impactarán en las finanzas públicas del estado porque las y los ciudadanos no fueron debidamente informados al respecto”, manifestó.

La publicación del decreto establece financiamiento con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la Emisión de Valores con la constitución de un Fideicomiso Carretero, una deuda estatal garantizada (Financiamiento 665), deuda pública de instrumentos derivados, un financiamiento que tiene como garantía un fondo de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Chihuahua y del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos.

El decreto autorizado por las y los diputados da pie para que el Gobierno estatal gestione la contratación de Deuda Estatal Garantizada, Deuda Contingente y Deuda Pública, dijo Álvarez Olivas.

Explicó que la solicitud presentada por escrito ante el IEE está debidamente sustentada para que el Consejo del Instituto Estatal Electoral considere la realización del Referéndum, puesto que la información de la iniciativa, dictamen y, en consecuencia, el decreto aprobado por el Congreso no fue debidamente consultada ante la ciudadanía Chihuahuense.

El secretario general del IEE, Arturo Muñiz Aguirre, comentó a las y los solicitantes que turnarían a la presidencia y secretaría ejecutiva el documento para revisar si cumple los requisitos formales y se les notificaría en caso de que haya que presentar algo adicional y tendrían cinco días para hacerlo.

Una vez cumplidos todos los requisitos, “ya se entraría a la cuestión del estudio para determinar si procede la ejecución de este ejercicio de participación ciudadana”, dijo Muñiz Aguirre.

Entre los firmantes de la solicitud se encuentran, además de Álvarez Olivas, Verónica Mayela Meléndez Escobedo, Rocío Hernández Terán, Luisa Cecilia Rey Mendoza, Héctor Aarón Wong Valenzuela, Aída Isela González Díaz, Catalina Castillo Castañeda, Israel Montoya Macías y Dafne Alejandra Jasso Cabrales.