El Movimiento Estatal de Mujeres exigió justicia para Marisela Escobedo en una ceremonia que realizó para conmemorar el aniversario número 11 de su asesinato en la puerta de Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua.

Las integrantes del Movimiento hicieron demandas puntuales:

Que la Fiscalía realice una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de Marisela Escobedo que permanece impune.

Una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron a la familia de Marisela Escobedo a solicitar asilo político en otro país.

La adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Chihuahua, tal como lo establecen los tratados internacionales de los que el país es parte, principalmente el tema de la asignación presupuestal suficiente.

Cumplimiento puntual de la Alerta de Género decretada en agosto pasado, con participación de la sociedad civil.

El cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos que presentan una ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el Chihuahua y en México.

Recordaron que Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48 años se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en el país.

Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien ya había huido de Chihuahua.

Marisela logró ubicarlo y gracias a eso Sergio Rafael pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado nuevo sistema de justicia penal.

Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.

En segunda instancia, Marisela logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido. Ella comenzó una tenaz lucha para exigir la aprehensión del asesino de su hija.

Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención.

Confrontó al gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Días antes del artero crimen, Marisela sentenció lo que sería su muerte: “Si me va a venir este hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente (del Palacio de Gobierno) para vergüenza del Gobierno”.

A once años de impunidad, con toda la familia desplazada forzadamente en otro país y con un sostenido incremento de violencia contra las niñas y mujeres en Chihuahua, el asesinato de Marisela sigue siendo la vergüenza del Gobierno, en todos sus niveles.

Como Marisela Escobedo, las madres de las víctimas de feminicidio y de las de personas desaparecidas son las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación.

“Por eso también hoy recordamos la obligación de los Gobiernos en el ámbito de sus competencias para garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, lo que implica necesariamente destinar los recursos económicos suficientes para su atención”, demandaron las integrantes del Movimiento.